Además del adoctrinamiento en las aulas, estas leyes prevén sanciones económicas bastante altas para los centros educativos que no las apliquen.

 

“Si un colegio no deja a un niño que dice sentirse chica utilizar el vestuario femenino, el centro podría sufrir una multa de varias decenas de miles de euros. En los colegios concertados se le retiraría la subvención pública y los padres deberían pagar una cantidad desorbitada para que sus hijos fueran a esa escuela”, aseguró Arsuaga.

 

De hecho, es algo que ya ha estado a punto de ocurrir en la Comunidad Autónoma de Madrid. “Nada más aprobarse la ley en Madrid por el Partido Popular, el director de un colegio católico concertado envió a los padres de los alumnos una carta explicando los motivos por los que no estaba de acuerdo con la ley. Desde la Comunidad de Madrid se le abrió un expediente administrativo de investigación para decidir si se le sancionaba o no y se presentó también una denuncia a la fiscalía por esa carta del director”.

 

Finalmente, los inspectores de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no sancionaron al colegio, pero según precisa el presidente de HO, “ha servido como una amenaza para el resto de colegios. Se abrió el procedimiento judicial para aleccionar a los demás centros escolares madrileños y advertirles de que no pueden llevar la contraria a esta ley”.

 

“Por eso decimos que es una ley totalitaria, que se quiere imponer y sobre la que no se permite la discrepancia o crítica”.

 

Las sanciones se extienden también a los padres y profesionales de la medicina que deseen ayudar a estos niños LGTB y que podrían alcanzar los 40.000 euros.

 

“Si los padres llevan al niño al psicólogo o psiquiatra para ayudarle a comprender que realmente es un niño, aunque tenga otra percepción o le gusten las cosas de chicas, la ley de Madrid prevé que la administración educativa o los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid intervendrán para evitarlo”.

 

Por eso Arsuaga insiste en que se trata de “algo contradictorio y absurdo, es una ley que empuja a los niños a que se hagan homosexuales, pero si quieren dejar de serlo nadie les puede ayudar”.

 

Ante esta situación desde HO pidieron a la Defensora del Pueblo en España que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra estas leyes ya que impide el derecho constitucional de que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones religiosas o morales.

 

“Pero nos respondió que no lo haría porque todavía esta ley no ha tenido su reglamento de desarrollo que es el segundo nivel en su implantación y que explicará de qué manera se va a poner en marcha esta ley”.

 

En ese sentido, apunta Arsuaga, “la estrategia de los gobiernos regionales es aplicarla poco a poco. Por ejemplo en Madrid se aprobó hace meses, antes de que comenzara el curso académico en septiembre y aún no se ha realizado el reglamento de desarrollo”.

 

Sin embargo, resaltó, “para el curso que viene sí que debe estar listo ese reglamento y al igual que la ley no es recurrible por inconstitucionalidad, habrá que estudiar si el reglamento sí lo es”.